“SOBERANIA TERRITORIAL CASO CHIMALAPAS” POR MARCO ANTONIO BAÑOS A.

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de febrero de 2012. 

LECCIONES CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS: “SOBERANIA TERRITORIAL CASO CHIMALAPAS”

Por notoriamente improcedentes, el ministro Jorge Pardo Rebolledo desecha las controversias constitucionales que promovieron dos municipios y el gobierno de Oaxaca contra la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez, crear un Municipio nuevo está dentro de las facultades del  Congreso del Estado tanto de Chiapas como de Oaxaca. Sin embargo, al desechar el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por notoriamente improcedentes, las controversias constitucionales que promovieron dos municipios y el gobierno de Oaxaca, sin embargo, «Las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores», establece el precepto constitucional.

El acto de desechamiento de la Corte, de este medio de control de la constitucionalidad que es la controversia constitucional, denota que no existió un análisis correcto desde su promoción, lo que denota una falta de capacidad de quienes asesoraron en este asunto a los Presidentes Municipales involucrados y al mismo Titular del Ejecutivo. La Corte aclaró que antes de desechar las demandas, el Ministro Pardo solicitó al gobierno de Oaxaca y a los dos municipios promoventes hacer varias aclaraciones, por considerar que el asunto tenía la apariencia de tratarse de un conflicto de límites.

De acuerdo con el artículo 46 de la Constitución, las vías de solución son un convenio amistoso entre las partes o un procedimiento ante el Senado de la República, y la Corte sólo interviene si existen problemas para cumplir la resolución correspondiente. Si estamos entonces ante una situación política de amistosa composición, entonces el mismo Senado de la República debe observar el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contempla que es facultad exclusiva del Senado «resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes». Lo que implica que si para la creación de nuevos municipios debe intervenir el Congreso de la Unión, pero al caso, en concreto, no se analizó la facultad el Senado de la República; es decir, el problema consiste en los límites territoriales, no en otra cosa.

Se sabe que la República Mexicana tiene 2 438 Municipios 32 Estados y un Distrito Federal, en Oaxaca constitucionalmente se hablaba de una “Comisión de Límites” que nunca funcionó, y que debe observar situaciones de carácter político-territorial para solución de diversos problemas en Oaxaca. Cabe una pregunta: ¿Cuánto habrá costado del erario oaxaqueño, de las arcas públicas este mal asesoramiento que fue desechado por la Corte? O bien ¿Quiénes son responsables de esta mala asesoría legal cuando se necesitan verdaderos conocedores de los Medios de Control de la Constitucionalidad?

Ministro Jorge Pardo Rebolledo

Los requerimientos del Ministro, fueron que los estados involucrados informaron que no han tramitado dicho procedimiento en el Senado, por lo que sus demandas fueron desechadas, aunque el desechamiento puede impugnarse mediante un recurso de reclamación, que se turnaría a una sala de la Corte, pero el evidenciar a un Gobernador en instancias legales y obligarlo a hacer declaraciones posteriores con relevancia a nivel nacional, da mucho que pensar. Es lógico entender que un desechamiento de una Controversia Constitucional que promovieron 2 municipios y el gobierno de Oaxaca contra la creación de un nuevo municipio en el territorio de los Chimalapas, porque se reitera, son facultades de los Congresos crear nuevos Municipios, el aval del Congreso de la Unión, todavía debe generarse. Por lo que lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la controversia sobre la creación de este territorio le corresponde definirla al Senado por tratarse de límites territoriales.

La invasión del territorio de los Chimalapas, es política, es territorial; el Senado de la República, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales debe atender todo asunto al respecto. Ahora bien si la decisión del Ministro es recurrida por los dos Municipios involucrados y el Gobierno Estatal, y de ser revisada por alguna de las salas del Alto Tribunal, en caso de que se interpusiera un recurso de reclamación, simplemente se confirmaría el desechamiento por no ser facultades más que del propio Senado de la República.

Oaxaca tiene a sus Senadores, es hora de que intervengan puntualmente, el escenario político es ahora para ellos, el haber perdido técnicamente la Controversia constitucional no quiere decir que se podría perder parte del territorio oaxaqueño, en San Miguel y Santa María Chimalapas ahora se vive un foco rojo de riesgo social, político, territorial, en otras palabras, la Soberanía territorial del Estado de Oaxaca debe defenderse a toda costa, dentro de la política interna del Gobierno del Estado, el crear un Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas hay quienes piensan, que de llevarse a cabo, este hecho sería además de un nuevo error político, como una violación a los derechos indígenas a la consulta y a la decisión previa informada, contemplados en el Convenio 169 de la OIT, recientemente elevados a rango constitucional por el Estado Mexicano, lo cual el flamante Secretario indígena, no dirá nada al respecto, ahora bien, esto es ya una situación de Seguridad Nacional, se debe incidir en la paz, se debe llevar a cabo con operadores políticos todo este problema hasta convenir con todos los actores involucrados a fuerza de desear la paz social.

Firma de Convenio de Paz Chimalapas

Ha habido misiones civiles de Observadores de Derechos Humanos y Grupos Ecologistas, ha habido tensión social, mejor dicho, de alta tensión social, con riesgos de enfrentamiento violento y de represión, como consecuencia de un doble e irresuelto conflicto histórico: uno, de origen agrario, provocado por el ilegal reparto y dotación de tierras a núcleos agrarios de origen chiapaneco integrados por indígenas Tzotziles y campesinos pobres, sobre territorio comunal del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, constituido por las Comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa; el otro, un conflicto de límites estatales entre los estados de Oaxaca y Chiapas, el cual, aunque jurídicamente no tiene nada que ver ni debería interferir con la propiedad comunal zoque, histórica y jurídicamente reconocida, no debe servir para confundir a la opinión pública y para manipular y enfrentar a indígenas y campesinos pobres involucrados en este doble conflicto, ello para beneficio de empresas madereras, ganaderos privados y supuestos propietarios, lo cierto es que nadie quiere más problemas, menos de límites agrarios, nadie quiere sufrir la pérdida de sus riquezas naturales de las cuales viven muchas personas; sin embargo, el problema ya es político, se debe solucionar y las herramientas jurídicas de negociación debe hacerlas la política estatal y la federal con el Senado de la República, en una labor de concientización sin precedentes, no se debe buscar el camino jurídico ante la Corte que se lava las manos so pretexto también de que son facultades del Senado.

Recordemos que inicia la Décima Época en materia de jurisprudencia que dictará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras tanto esperemos a que la voluntad política sea primordial en toda negociación con los interesados en el conflicto, que la paz social, que la tranquilidad vuelva a nuestro pueblo de Oaxaca, tan violentado en su Soberanía y territorio y que los actores político involucrados en el Senado de la República, cumplan con su función  política, que en base a este problema no hagan foro político en vísperas de una elección electoral y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se respete así como la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y que quienes “asesoren”  en estos asuntos, midan las consecuencias legales futuras dado que la gran responsabilidad de llevar a buen puerto un Gobierno ya es de “todos”, como se ha anunciado políticamente en los medios y que ahora el pueblo quiere cuentas claras, del costo monetario y político de lo que se está haciendo para “cambiar” para bien el  Estado de Oaxaca, que por nombre lleva “Libre y Soberano”. Esperemos ver hasta dónde llega nuestra libertad constitucional y hasta dónde se defiende la Soberanía de nuestro bello y explotado Estado de Oaxaca.