ANÁLISIS: La Semecracia en Oaxaca
LECCIONES CONSTITUCIONALES
La Semecracia en Oaxaca
Por Marco Antonio Baños Avendaño
Para el año 1906-1910, siendo Gobernador de Oaxaca Emilio Pimentel, había un movimiento en Oaxaca integrado por sectores de la Clase dominante, de los sectores populares y la clase media, y cristalizo en la publicación del periódico “El Bien Público” una fracción vinculada al Magonismo publicó el periódico “La Semecracia” y fueron prontamente reprimidos. El primer club liberal se fundó en 1900, impulsado por Don Retumbo Odriozola en la población de Cuicatlán. Pronto surgirían nuevos grupos liberales en todo el estado. Los jóvenes magonistas Adolfo C. Gurrión, de Juchitán, y el tehuano Plutarco Gallegos, fundan en 1906 el periódico “La Semecracia”, desde donde dirigían severas críticas y denuncias en contra de los gobernantes y sus injusticias. Existen varios periodistas que obtienen canonjías y cargos públicos, que son pagados y ahogadas sus palabras de crítica y que hasta elogian a todas las figuras gubernamentales. La crítica periodística además de ser severa, tiene que ser constructiva, las injusticias siempre han existido, el terror y la miseria del “Ulisismo” llegaron a su término, pero dejaron malas cuentas en el actual gobierno. Una Semecracia es un autogobierno, que gobierna para sí mismo, no para el pueblo, así fue el gobierno anterior, no es posible que el mal uso de los recursos públicos, los abusos de autoridad, las corrupciones, los enriquecimientos ilícitos, la desviación de los recursos públicos, desfalcos a la hacienda pública estatal, impunidades e ilicitudes, montos millonarios a costa del dinero público, del pueblo, de sus recursos e impuestos desviados y que no hay nuevos resultados para responsabilizar a quienes hayan asaltado a los oaxaqueños, sin haber resarcimiento de daños, ni confiscaciones por tales delitos, se reitera, hace falta una reforma constitucional para confiscar los bienes de servidores públicos que obraron mal en su gestión gubernamental.
Todas las auditorias no tienen porqué considerarse de alto contenido político, robar es un delito, no auditar a tiempo también es una omisión al cumplimiento de las leyes, el nepotismo continua en este sexenio, el usar vocablos como el de “violentar el estado de derecho de funcionarios” es un equívoco, el Estado de Derecho es de todos los oaxaqueños, no es de un grupo en el poder, se violenta el Estado de Derecho cuando existen enriquecimientos ilícitos inexplicables aún con pruebas, máxime cuando no se actúa con la decisión que desea el pueblo de Oaxaca, la inhabilitación de los ladrones no es suficiente para quien comete peculado contra los oaxaqueños, se debe obrar con dureza como lo demostró el Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, contra ex gobernantes como lo es con Pablo Salazar Mendiguchía. No obstante ningún grupo de políticos oaxaqueños han, a la fecha, presionado a nuestro gobernante al menos para cobrar venganza política y perseguir e investigar a malos funcionarios para que pisen la cárcel, parece ser que existen leyes no escritas, pactos en la sombra de los grupos políticos o tolerancia respecto de estas ilicitudes e inconstitucionalidades en donde todo mundo después de gobernar Oaxaca, es salvo de pisar una prisión. Todos los detalles de las corruptelas aunque se integren se duda mucho de que se actúe con mano firme, nuestro máximo representante social, no hace nada al respecto ni se pronuncia ni a favor de la ley ni en contra de nadie, mucho menos a favor del pueblo, su gran silencio en el tiempo será una omisión más y una violación nueva, un agravio más al pueblo, por no ejercitar la ley en contra de los malos funcionarios.
Es imposible hablar de una persecución política sin que se hable del daño que se hace constitucionalmente al erario público y al patrimonio de los oaxaqueños. Los vocablos políticos de quienes acuñan frases de justicia para los oaxaqueños son insuficientes para entender que las acciones son las que valen, que son las que cuentan para exterminar la corrupción en nuestro pueblo. Nuestra sociedad tiene un interés aunado al compromiso del actual gobierno llamado “del cambio”, para cumplir a cabalidad con la ley, en particular con la Garantía Constitucional de Información, pero no basta conocer los resultados obtenidos en los procesos de auditoría y fiscalización que a la fecha se han realizado, ya que con fundamento en el artículo 3º de nuestra Carta Magna y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, con el carácter de titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental dichas auditorías, por irregularidades se iniciaron procesos de fiscalización y auditorías; sin embargo, hay reportes parciales, no concluyentes, es decir, hacen falta sean conocidas por el Procurador o Ministerio Público contra quien desvió recursos públicos, contra quienes hicieron de la hacienda pública un patrimonio personal, desviando los recursos políticamente a su favor, se ha dicho que se ha concluido específicamente cuatro auditorías en el sector de infraestructura y salud; siete en el educativo, social y cultural; tres en el sector gobierno, justicia y seguridad, y dos en el sector económico y desarrollo productivo, mismas que, en su conjunto arrojaron un daño pecuniario causado al erario público estatal del orden de los tres mil seiscientos ochenta y siete millones de pesos.
La actual Auditora estatal observa la confabulación de diversos servidores públicos de los cuales hoy informo, a efecto de operar el presupuesto del Estado por el ejercicio 2010 de manera discrecional, modificando las partidas inicialmente autorizadas por el H. Congreso del Estado, autorizando ampliaciones presupuestales a partidas no prioritarias, y que sin duda pusieron y ponen en riesgo los proyectos y programas que la Constitución nos obliga a ejecutar en beneficio de la sociedad oaxaqueña. Se observó entre otras, la falta de documentación comprobatoria que justifiquen las erogaciones o pagos realizados con cargo al presupuesto de referencia; la falta de expedientes técnicos unitarios que permitan la revisión y evaluación de las metas, alcances, objetivos y ejercicio presupuestal de las obras y programas en el marco de las autorizaciones realizadas desde el Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo Estatal anterior; la aplicación indebida en partidas no autorizadas de diversos fondos, sean Federales o Estatales, los que, desde su autorización camaral, están definidas en los lineamientos que al efecto se autorizan y que son de cumplimiento estricto; la aplicación de pagos a diversas empresas o personas físicas, quienes no justificaron la prestación del servicio o adquisición de los bienes contratados, ya que derivado de las investigaciones de campo efectuadas, se confirmó la inexistencia del servicio o bien, e incluso a veces, la inexistencia de la propia empresa, presumiéndose entonces, desde luego, el desvío de recursos a través de éstas modalidades fraudulentas, quedando así en claro que los actos de corrupción no sólo alcanzan a los servidores públicos anteriores, sino a los particulares que se prestaron para tales fines. Se observó a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), setecientos treinta y seis millones de pesos; Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), cuarenta y seis millones; Régimen Estatal de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR), un mil 297 millones; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (CECYTEO), ciento setenta y tres millones; Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), setecientos veintiuno millones; Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), cuatro millones; Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), cincuenta y cuatro millones; Instituto Estatal de Bachillerato de Oaxaca (IEBO), quince millones; Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), dieciséis millones; Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, cuatrocientos noventa y dos millones; Secretaría de la Contraloría, dieciséis millones; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cincuenta y tres millones; Secretarías de Turismo y Economía, sesenta y tres millones y la Oficina de Pensiones, once millones de pesos, que sumados, arrojan la citada cantidad de 3 mil 687 millones de pesos, mismos que fueron manejados de manera IRRESPONSABLE, IRREGULAR, E INCLUSO DELICTIVA, por servidores públicos de la Administración anterior. LO QUE SE ACREDITA PLENAMENTE CON EL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS QUE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, realizó.
Si bien es cierto se instauran los Procedimientos de Responsabilidad en contra de los servidores públicos que resulten responsables, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental cumple con una función parcial, dado que de llegar a una resolución de cada servidor público, estaremos al final del gobierno del cambio, el proceder por el camino de la legalidad y bajo procesos de fiscalización apegados a la norma, no es suficiente, se deben ver resultados claros, se deben encarcelar a quienes millonariamente han abusado del erario oaxaqueño, por otra parte, quien sirve a los indígenas, el Secretario de Asuntos Indígenas debe ser imparcial para servir a todas las comunidades indígenas de Oaxaca, en el ánimo de salvaguardar los intereses del Estado, no para integrar un servicio discrecional apegado a compadrazgos o amistades que sirvieron a movimientos armados o de ataque al sistema, se dice que este llamado Organismo No Gubernamental de corte indígena perteneciente o de servicio a la Sierra Mixe, tiene el apoyo económico de los Países Bajos, para que se realicen actividades en nuestra tierra oaxaqueña, en fin, existe Semecracia hasta en los intereses oscuros de quienes atienden a los indígenas, de quienes trabajan para sí mismos y sus intereses particulares o de grupo, dicho apoyo económico debería ser manifestado en el portal de Transparencia de los Servidores Públicos para demostrarle al pueblo de Oaxaca que quienes nos sirven en este gobierno del cambio, son totalmente honestos y transparentes. Si la actual contralora tiene al apoyo del Gobierno del cambio para encerrar a los ladrones, para evitar vicios y manejo de recursos públicos honestos, si se tiene a cada Secretario controlados los ingresos de sus asociaciones civiles a las que pertenecen o a los Organismos No Gubernamentales de los que financian haciendo conferencias o gastos de su patrimonio, que también deben conocerse por las instituciones de transparencia gubernamental, sin ser reservados, declarar su origen, así no estaremos viviendo Semecracias que sólo dividen opiniones, que sólo velan por el interés oscuro de sus grupos, que no son transparentes en el manejo de los intereses “Sociales” y que no brindan servicio a la sociedad como lo señala su objeto social, que debe ser ampliamente conocido por todos los Oaxaqueños, así se sentaría verdaderamente un precedente en la historia de Oaxaca, el mensaje de cárcel a los servidores públicos delincuentes sería mucho más claro y se fortalecería nuestro llamado Estado de Derecho, el ánimo popular contra la corrupción, los actuales servidores públicos se conducirían con una ética y honestidad en el ejercicio de sus funciones a toda prueba, mientras tanto, esto es una ficción en la realidad. Esperemos que se aplique la ley a estos delincuentes, que se respete la Constitución y que se encarcele a quienes le han robado a los oaxaqueños, esperemos que los Secretarios manifiesten cada uno el origen del apoyo de los organismos no gubernamentales a las que pertenecen o a las asociaciones civiles de los cuales tengan cargo, para que la sociedad crea en todos y cada uno de ellos, de no ser así, todo será una gran simulación y el cambio soñado por muchos seguirá siendo una ficción.