Lealtad constitucional o lealtad personal: el punto de quiebre de la Cuarta Transformación
Por Hiram Gasca / Así Somos Noticias
En el ejercicio del poder público, la lealtad no es un gesto personal ni una cortesía política. Es una obligación constitucional. En México, esa lealtad tiene un orden preciso que no admite ambigüedades: primero la Constitución, después el pueblo y, en un plano claramente secundario, cualquier proyecto político o liderazgo individual. Alterar ese orden no es un asunto menor; es una señal de debilitamiento institucional.
El juramento presidencial es claro y contundente. Quien asume la Presidencia de la República se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución, a gobernar mirando por el bien y la prosperidad de la Nación y a aceptar que el país demande cuentas si ese compromiso se incumple. No hay en ese acto espacio para lealtades paralelas ni para la continuidad automática de decisiones heredadas. Gobernar implica evaluar, corregir y, cuando es necesario, cambiar de rumbo.
Hoy, el principal desafío que enfrenta la llamada Cuarta Transformación no está en su origen ni en sus banderas sociales, sino en la confusión entre lealtad política y responsabilidad institucional. Cuando la disciplina de movimiento se impone sobre la deliberación democrática; cuando la consigna sustituye al análisis técnico; cuando el Congreso renuncia a su función de contrapeso, el resultado no es transformación. Es fragilidad del Estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene frente a sí una oportunidad histórica: reconocer los aciertos del pasado sin quedar atrapada en él. La lealtad hacia el expresidente que la antecedió solo es válida en la medida en que sus decisiones resistan el escrutinio constitucional, económico y social del presente. Fuera de ese marco, insistir no es un acto de congruencia, sino de subordinación. Y un país que gobierna desde la inercia pierde la capacidad de construir su propio futuro.
El Poder Legislativo no es ajeno a esta responsabilidad. Senadoras, senadores, diputadas y diputados que hoy respaldan al movimiento fueron electos para representar a una Nación plural, no para ratificar decisiones sin discusión. Cuando las Cámaras abandonan su papel de revisión, ajuste y corrección, se debilita la división de poderes y se empobrece la política pública. La mayoría parlamentaria no exime del deber de pensar; por el contrario, lo hace más exigente.
Las consecuencias de esta dinámica ya son perceptibles. Políticas diseñadas sin suficiente evaluación, reformas aprobadas sin consensos amplios y una narrativa que descalifica la crítica han generado incertidumbre jurídica y económica. Cuando el Estado no ofrece certidumbre, otros ocupan ese espacio: mercados que encarecen el crédito, calificadoras que elevan el riesgo y organismos internacionales que intervienen no por vocación, sino por la pérdida de confianza interna. La intromisión externa no surge de la hostilidad, sino de la debilidad institucional.
La paz social también resiente este proceso. Gobernar para una base y no para la Nación; polarizar en lugar de integrar; aplicar la ley de forma selectiva, termina erosionando la cohesión social. La economía se desacelera, la inversión se retrae y, como ocurre con frecuencia, el costo lo asumen los sectores más vulnerables. El pueblo al que se apela en el discurso es, paradójicamente, el más afectado en la práctica.
La crítica periodística responsable no se limita a señalar errores; plantea rutas de corrección. Hoy, al menos tres son indispensables: restituir la jerarquía de lealtades colocando a la Constitución y los derechos por encima de personas o proyectos; reactivar al Congreso como un contrapeso real, con debate abierto y evaluación seria; y reconstruir la confianza mediante certidumbre jurídica, respeto a las reglas e instituciones que funcionen. Menos narrativa épica y más Estado.
El liderazgo se demuestra cuando se toman decisiones difíciles, incluso cuando implican distanciarse de aliados. A las y los legisladores, la lealtad que hoy se les exige no es a un movimiento político, sino a la Nación que les otorgó su representación. Corregir no es traicionar; persistir en el error, sí lo es.
La Cuarta Transformación aún está a tiempo de transformarse a sí misma. Pero ello requiere una definición clara: lealtad constitucional antes que lealtad personal. Solo así se podrá evitar que México sea empujado a tutelas externas, se preservará la paz social y se devolverá a la economía la estabilidad que el país necesita y merece.