«Dietas, subvenciones extraordinarias y premios anticonstitucionales»
LECCIONES CONSTITUCIONALES
POR MARCO ANTONIO BAÑOS AVENDAÑO
Según el diccionario de derecho, Rafael de Pina señala que la Dieta es una cantidad que, sin perjuicio del sueldo, a razón de tanto por día, percibe el funcionario o empleado durante el cumplimiento de una comisión o encargo especial, que generalmente, tiene que ser atendido fuera de la población en que Presta ordinariamente sus servicios, para cubrir los desembolsos que con tal motivo se le ocasionan (Gastos de viaje, hoteles, etc.). Cantidad que se asigna a los diputados y senadores, a los vocales de juntas o consejos de administración, a los sinodales de los tribunales de examen, etc., por el ejercicio de sus funciones,
Los 500 Diputados federales recibieron no solo un premio millonario por la aprobación de las reformas en materia energética, también se los otorgaron cuando aprobaron la reforma fiscal. Se trató de un pago con dinero de los mexicanos, que la Cámara denomina «subvenciones extraordinarias» y que ascendió a 72 millones de pesos, otorgado en octubre de 2013, cuando se discutían y aprobaban las reformas en materia hacendaria.
No es posible que los Legisladores o las bancadas parlamentarias reciban estas subvenciones como bonos especiales cuando se aprueban reformas estructurales, por doblegar a un Poder Legislativo falto aún de credibilidad por los excesos de los Partidos Políticos y sus dirigentes y representantes.
No hay crisis jamás en ningún parlamento, las subvenciones extraordinarias que se inventan cada vez que hay conveniencias sexenales surge a flote, todos los repartos millonarios para cada bancada, se hace calculado en función de su número de integrantes.
Sumas millonarias, por no decir vergonzosas frente al pueblo de México: El PRI recibió 22 millones de pesos; a los diputados del PAN y del PRD les correspondieron 13 millones de pesos a cada una y el PVEM obtuvo 8 millones de pesos, al PT le asignaron 5 millones y a Nueva Alianza 4 millones de pesos. MC tenía inicialmente asignada la cifra de 5 millones de pesos, pero después se le depositaron 7 millones.
Este dinero, es parte de los 15 millones de pesos que el PRD, pretende devolver a la Tesorería de la Federación, con el argumento que las subvenciones extraordinarias no tienen razón de ser y que sería una inmoralidad su gasto discrecional.
Adicionalmente a este pago extra, los diputados cobran al mes, con dinero de los mexicanos, 148 mil pesos netos por dieta y apoyos; un fondo de retiro de 12 por ciento de la dieta que la Cámara les duplica al final de la Legislatura.
Los grupos parlamentarios además tienen «subvenciones» ordinarias por una bolsa global al mes de 65 millones de pesos, premios y subvenciones anticonstitucionales, no hay razón justificada, ni normativa para sangrar al pueblo de México.
Si las instituciones han hecho lo mismo en materia de Transparencia en Oaxaca, en el antes IFE, en otras más que simplemente no son observados como tampoco son sancionados por nadie, se debe entender que la corrupción oficial existe y se ha generalizado, se ha institucionalizado el manejo de las arcas públicas con sanciones exclusivas solamente a los que no forman parte de algún grupo político.
En el Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, ya señalaba el Dr. Ignacio Burgoa Orihüela, cuando hablaba de los Diputados de Mayoría y Representación Proporcional, “Que el Parlamento no debe ser un cuerpo de discusiones académicas ni significar una reunión que dé la impresión de ser un jurado calificador de un concurso oratorio en el que cada uno de los participantes haga gala de sus recursos y calidades de retórica para lucirse y no para solucionar los asuntos que provoquen la discusión…que no hagan acto de presencia la ignorancia, la estulticia, el servilismo y la adulación.”
Sin embargo existe esto último en nuestro País, ignorancia a todas luces, burocratismo y falta de transparencia en el Poder Legislativo, la necedad, ignorancia, tontería en no querer evolucionar como Partidos Políticos al servicio del pueblo.
No hay sensatez, no hay sensibilidad, tampoco buen juicio para conducir sus partidos políticos cuando públicamente en su actuar, es muy conocido ya, del uso público esta información, cuando se contratan prostitutas para servirse de ellas o explotarlas, o usarlas para diversión, hay claros ejemplos de contratadas incluso de personas del PAN o el PRI que han detentado el poder con recursos evidentemente de origen popular.
El concepto de Dieta esta fuera del Derecho Laboral, en tanto no podamos someter a un Salario Mínimo a los Diputados Federales y Estatales o la clase política gobernante, tendremos explotación política, el salario no alcanza al trabajador para alimentar a su familia, mucho menos como lo dispone el artículo 123 constitucional.
La ciega y baja obediencia del Poder Legislativo y más aún la adulación a la misma autoridad que representa el Poder Ejecutivo, es servilismo, ya compradas las reformas constitucionales, el pueblo tiene derecho a saber con transparencia, cuanto se le da a cada Diputado por reforma constitucional o ley aprobada en todo su ejercicio legislativo, a sabiendas de implementar cada una de las reformas por la fuerza, dado que todavía no se conocen los resultados en lo económico.
Finalmente, los representantes populares deberían pagarse salarios mínimos generales o profesionales según su representación, sin excederse con un salario o dieta que lacere al pueblo de México, es más deberían cumplir un Contrato de Trabajo Legislativo, sin dietas humillantes al pueblo, sin que se violente el principio que “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. Estamos entonces ante dietas, subvenciones y premios anticonstitucionales, y más aún, no solamente inconstitucionales, sino fuera de todo derecho, en donde la imagen política de su cargo en lo constitucional, no la guardan ni la hacen guardar los representantes populares como dicta la Constitución, incluso ni la Constitución misma guardan, por tanto, debemos dar “soluciones extraordinarias” frente a “subvenciones extraordinarias” en todo caso, violatorias a nuestro régimen constitucional.