Combate al tráfico de influencias y redes de corrupción, en ley, propone Benjamín Robles

México, Mex. 10 de junio de 2016.

 

Considera incompleta iniciativa de Ley Anticorrupción presentada al Senado, propone modificaciones


 
Para combatir el tráfico de influencias y redes de corrupción que imperan en los tres órdenes de gobierno, como ocurre actualmente en Oaxaca con la asignación de obra pública y contratos para la adquisición de bienes y servicios a cambio de beneficios personales, el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya propuso modificaciones al proyecto de Ley Anticorrupción que se discutirá a partir de la próxima semana en el Senado de la República.
Y es que dijo que Oaxaca es hoy en día uno de los claros ejemplos, que hay en el país, respecto de la necesidad de impulsar un sistema nacional anticorrupción, que también vigile el uso de los recursos públicos locales.
“Las investigaciones de lavado de dinero que el FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacen a Gabino Cué, Estefan Garfias y Jorge Castillo son casos que no deben volver a repetirse”, enfatizó el legislador federal.
Para eso, propuso que -además de llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias, es decir, llevar a la cárcel a estos tres siniestros personajes- se debe impulsar un sistema nacional anticorrupción que sancione el tráfico de influencias, conflicto de intereses y acabar con redes de corrupción creadas en los tres órdenes de gobierno, como las redes en Oaxaca.
En ese sentido, expuso que la propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas o Ley Anticorrupción muestra un esquema incompleto de faltas administrativas graves, por lo que propuso incluir como faltas administrativas las siguientes conductas:
1. El tráfico de influencias para la obtención de beneficios o la asignación de recursos presupuestarios derivada de la entrega de dádivas o concesiones indebidas.
2. Las conductas del diputado federal o local que gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación indebida.
3. El conflicto de intereses del servidor público cuando ordene o induzca al error a un subalterno para cometer una falta administrativa.
Así también señaló que el proyecto de Ley del PRI-PVEM no establece normas que permitan a las autoridades investigadoras sumar esfuerzos para combatir y sancionar las redes de corrupción; sino que limita la investigación de casos en lo individual.
Por lo que, es necesario establecer herramientas que permitan a las autoridades investigadoras aplicar técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales para la identificación y desarticulación de redes de servidores públicos y particulares dedicadas a la corrupción.
Como parte de las propuestas que presentará para fortalecer la Ley Anticorrupción, mencionó que debe quedar bien claro que los sujetos obligados de la legislación en cuestión serán todos los servidores públicos, incluido los de las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE) y sus consejeros independientes.
Además debe incluir temas como el Quebranto de Secretos en Investigaciones para fortalecer las investigaciones de faltas administrativas graves y hechos de corrupción.

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